La Conspiración del Silencio

Javier Corral Jurado

 

“La operación para ocultar, distraer, minimizar y censurar la información sobre las casas que Grupo Higa ha prodigado en condiciones excepcionales al Presidente, su familia y al Secretario de Hacienda, marca con enorme decepción el retraso político e institucional de México, la hipocresía gubernamental, la incapacidad de renovación y la amplia zona de complicidad con que cuenta la corrupción, transversal a partidos, poderes, sectores público y privado.”

 

Senador, Javier Corral Jurado

Senador, Javier Corral Jurado

www.javiercorral.org

Domingo 11 de enero de 2015

Desde octubre del año pasado en que surgieron las revelaciones sobre la denominada Casa Blanca y los estrechos vínculos que unen al Presidente Enrique Peña Nieto con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, se ha puesto en funcionamiento una estrategia de silenciamiento del asunto que desarrolla varios flancos y nos marca cuán lejos estamos de una consolidación democrática, a partir de un auténtico sistema de rendición de cuentas y un Estado de Derecho.

La operación para ocultar, distraer, minimizar y censurar la información sobre las casas que Grupo Higa ha prodigado en condiciones excepcionales al Presidente, su familia y al Secretario de Hacienda, marca con enorme decepción el retraso político e institucional de México, la hipocresía gubernamental, la incapacidad de renovación y la amplia zona de complicidad con que cuenta la corrupción, transversal a partidos, poderes, sectores público y privado.

El gobierno incrementó su gasto en medios de comunicación durante el último trimestre, inyectando recursos extraordinarios por más de mil millones de pesos al presupuesto originalmente contemplado; salvo contadas excepciones, el escándalo dejó de existir para la mayoría de los medios impresos y electrónicos. Luego sobrevino una andanada descalificatoria para quienes desvelaron el caso a la opinión pública, particularmente en contra de la periodista Carmen Aristegui, a través de plumas serviles al poder en turno.

El gobierno desplegó también esfuerzos extraordinarios en el Congreso para tratar de acallar a las distintas voces que nos pronunciamos por una investigación exhaustiva y la conformación de una comisión especial que ahondara en los señalamientos y las enormes dudas que subsisten. No logró eliminar de la tribuna parlamentaria los planteamientos básicos, pero sofocó en todo momento cualquier posibilidad de debate, y por supuesto, le cerró el camino a cualquier resolución o acción por parte del poder legislativo que diera seguimiento al expediente que se ha engrosado conforme avanza la conspiración del silencio. Es también sintomático de la regresión autoritaria y el deterioro institucional la colaboración de legisladores de casi todos los partidos para aplacar el asunto. La pusilánime postura de los principales partidos de oposición muestra el hoyo negro de nuestra democracia.

En momentos de enorme vulnerabilidad para el país, resulta vergonzoso que se sumen escándalos de esta magnitud en materia de sobornos, tráfico de influencias y ocultamientos patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público, y no pase nada.

A pesar de los embates y de la conspiración del silencio, el equipo de Carmen Aristegui -con su gran olfato periodístico-, sigue rastreando esos vínculos y aportando nuevos datos que simple y sencillamente no podrán eludirse a la hora en que llegue el momento de discutir el tan traído y llevado Sistema Nacional Anticorrupción que el Congreso de la Unión deberá abordar en este próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará en febrero. Porque la eficacia de las medidas legislativas deberá pasar, necesariamente, por responder de manera precisa como enfrentarían casos como el de la Casa Blanca, y el de la utilización por parte de Peña Nieto de una segunda casa en las Lomas de Chapultepec.

Así es, a la revelación del pasado 9 de noviembre sobre la mansión que la familia presidencial tiene en las Lomas, a la que se le denominó propiamente la Casa Blanca, ubicada en Sierra Gorda número 150, y cuya explicación por parte de la esposa del Presidente a nadie dejó satisfecho y sólo se prestó a la ridiculización, se sumó otra también propiedad del contratista Hinojosa Cantú, de su inmobiliaria Bicentenario, que según la Presidencia de la República, mediante comunicado oficial, su utilización había estado circunscrita al periodo de transición: “El señor Presidente […] utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos, desde el año 2011 y hasta esta fecha en la que su contrato sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa.”

Sin embargo, nuevas revelaciones en el noticiero de Carmen Aristegui este pasado 6 de enero, echan abajo la versión del vocero presidencial Eduardo Sánchez y del licenciado Humberto Castillejos, quien se ostenta como consejero jurídico del Presidente, pero en realidad es el personero número uno de Televisa en Los Pinos.

El 6 de enero hubo más información que confirma que dicha propiedad la usó Enrique Peña Nieto desde su precampaña, en la campaña, y luego en la transición. Con diversos registros hemerográficos se puede ver que el mandatario la ocupaba como una oficina alterna siendo precandidato y luego candidato.  Tan es así que de acuerdo a reportes periodísticos el hoy Presidente tomó una llamada telefónica de Barack Obama en esta propiedad, al día siguiente de la elección para felicitarlo por el resultado electoral a su favor. En ese mismo sitio el equipo de Noticias MVS primera emisión logró acreditar que Peña Nieto dio entrevistas a los periodistas Mario González de CNN, Katia D’Artigues de El Universal y al diario español El País, además de haber grabado su video navideño como precandidato a lado de su esposa Angélica Rivera en diciembre de 2011.

A propósito de esta información se ha dado a conocer que dicha casa no aparece en los registros públicos del órgano electoral como gasto de campaña, ni mucho menos fue inscrita en los gastos de transición presidencial difundidos por el IFAI. 

Por si esta penosa trama no fuera suficiente, el asunto lejos de aclararse se agrava y nos percatamos de la dimensión de ese mar de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses que se ha tejido en el primer círculo del mandatario. La revelación del 11 de diciembre por The Wall Street Journal  de que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray compró una casa a H&G S.A., firma de bienes raíces también perteneciente a Grupo Higa, terminó por hundir al equipo gobernante.

De acuerdo al diario la casa adquirida por Videgaray tuvo un costo de 7.5 millones de pesos, está ubicada en un exclusivo resort de golf en Malinalco,  con una hipoteca con H&G a 18 años, misma que de acuerdo al secretario fue pagada en su totalidad en enero de 2014. 

En diciembre el mismo Secretario de Hacienda fue cuestionado en el canal CNCB de Estados Unidos por todo lo acontecido en nuestro país, la conductora Michelle Caruso lo increpó al señalarle que “Si Bárbara Bush tuviera una casa construida por Halliburton, George W. Bush hubiese tenido que ser destituido”, Videgaray atinó a decir que si bien atravesamos un momento difícil para el país, en el gobierno están convencidos de lo que están haciendo en términos de política económica, de anticorrupción y de reformas a la policía.

Ya es demasiada información, datos precisos y varias casas que confirman un problema mayúsculo, más allá del conflicto de interés en el que se ha querido colocar. Un grupo empresarial que se ha visto beneficiado desde el inicio de la administración priista, con la firma de otros contratos “poco conocidos” entre los que se encuentran “varios proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados”, ha señalado el diario estadounidense que también detalló que el Grupo Higa obtuvo durante los dos primeros años de gobierno de EPN un contrato por 3 mil 400 millones de dólares para construir el acueducto más extenso de América Latina, llamado Monterrey VI y un proyecto de 460 millones para un nuevo museo en Puebla.

Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, forma parte del consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que le fue revocada la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro.

El hangar que menciona The Wall Street Journal es el referido el pasado 6 de enero por el periódico Reforma que a través de una fotogaleria informa que la modernización del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está efectivamente en manos de Grupo Higa, obra que de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuesta 658.3 mdp.

Por su parte Aristegui dio cuenta que dicha obra fue asignada por Adjudicación Directa, por seguridad nacional, a Grupo Higa, luego de un estudio de mercado en el que fueron consultados Concretos y Obra Civil del Pacífico (filial perteneciente a Hinojosa), Grupo Promotor de Desarrollo de Infraestructura Prodi, OHL de México y SGS de México,  de los cuales Higa resultó elegida por la cantidad de 685 millones 344 mil 789 pesos más IVA.

Todo lo dado a conocer resulta vergonzoso y se convierte en un enorme desafío para la actual clase política gobernante. Un escándalo que en otras partes del mundo ya habría llevado no sólo a la aclaración puntual y rendición de cuentas de este asunto, sino a la dimisión del mandatario y de los implicados. Por el contrario, ni la sensibilidad ni el valor de dar la cara han tenido, están a la defensiva, han llamado desestabilizadores a quienes se han tomado a la tarea de informar.

A pesar de que este ha sido un escándalo mediático a nivel internacional en el que destacan las coberturas de The New York Times, The Wall Street Journal, LA Times, The Washington Post, The Economist, The Guardian entre otros, los funcionarios del primer círculo siguen en negar lo evidente, el propio Eduardo Sánchez, Vocero Presidencial, dijo en una entrevista para Reuters el 7 de enero, que no existe un conflicto de interés en la compra de la casa de la Primera Dama y la del Secretario de Hacienda, además agregó que no existirá un “mea culpa” por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto al respecto, lo habrá siempre y cuando, dijo “tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee. En esa medida lo habrá”.

El Congreso mexicano, y particularmente, el Senado de la República deben demostrarle al pueblo de México en los próximos meses que esto no será así. 

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