A prisión siete militares implicados en la muerte de

22 civiles en Tlatlaya

 

* Tres oficiales fueron los únicos a quienes les abren juicio por el homicidio calificado de 8 personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo

* PGR: Cinco de los 8 militares tendrán la posibilidad de conseguir la libertad provisional bajo caución; la PGJEM obligada a reparar daños e indemnizar a tres mujeres sobrevivientes al asesinato

 

Bodega donde fueron asesinados 22 civiles. Foto: Archivo/Reforma.com

Bodega donde fueron asesinados 22 civiles. Foto: Archivo/Reforma.com

Redacción | viernes 7 de noviembre de 2014

México, D. F.- El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó este viernes auto de formal prisión por diversos delitos a los siete militares presuntamente implicados en el asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que dentro de la causa penal 81/2014, dictó auto de formal prisión en contra de siete integrantes del Ejército Mexicano.

El Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Eduardo Torres Carrillo, determinó iniciarles un juicio a los sospechosos en un expediente en el que sólo tres militares fueron procesados por el delito de homicidio, por la muerte de 8 de las 22 personas.

Según informes del Poder Judicial de la Federación, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, fueron los únicos a quienes les abrieron el juicio por el homicidio calificado de 8 personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A los tres primeros y a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó la formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público, e igualmente este último fue procesado por el delito de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

Salvo el delito de homicidio, ninguno de los ilícitos que la PGR les imputa son graves, motivo por el que 5 de los 8 militares tendrán la posibilidad de conseguir la libertad provisional bajo caución.

Los inculpados participaron en un operativo registrado el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas en el interior de una bodega.

Los militares fueron encarcelados en el Campo Militar Número Uno, en el DF, donde también les iniciaron un juicio en el fuero castrense por violaciones a la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.

Delitos de funcionarios de la PGJEM

Ayer el gobernador Eruviel Ávila Villegas admitió acatar la recomendación 51/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la omisión, abuso, irregularidades y delitos que cometieron funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el caso Tlatlaya.

En nota de Quadratín de hoy, Ávila afirma que el gobierno del estado de México está garantizando al ombudsman nacional que sí lo acompañará en la denuncia penal que interpondrá contra funcionarios de la institución que encabeza el procurador Alejandro Gómez Sánchez.

Cabe señalar que las víctimas de abusos, omisiones y delitos cometidos por funcionarios de la PGJEM, son tres mujeres sobrevivientes al asesinato de 15 de 22 personas que perdieron la vida en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya a manos de militares.

El primer apartado de la recomendación dirigida a Ávila Villegas, refiere Quadratín, también pide al gobernador hacer todo lo necesario para indemnizar a las sobrevivientes de los agravios que cometieron los funcionarios de la Procuraduría.

Así, señala que “se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a V23, V24, V25, con motivo de la intimidación que fueron víctimas, que incluya una indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria, debiéndose remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.
Fuente: Quadratin Edomex y Reforma.com

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