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* No aparecen, llaman a paro nacional y piden la cabeza de Peña

* Acuerdo de estabilidad ante Estado fallido propone Barbosa

* Lamentan que diputados no garanticen derechos de menores 

 

Domingo 26 de octubre de 2014 

A un mes de la desaparición de los normalistas, se radicalizarán las protestas ante el Estado fallido que vive México para terminar el décimo mes del año con paro nacional de 72 horas, y la demanda de que si no aparecen vivos, que el de Atlacomulco se vaya a seguir sembrando promesas a otro país, porque para el 2015 miles de millones de pesos para seguridad y justicia, en una país donde esto ni una ni otra existe.

Para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, los miembros de la clase política “no hemos enfrentado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de manera adecuada, por lo que la sensación de impunidad sigue permeando en la población”.

Y vaya que así se percibe que es un hecho que los tres principales partidos políticos verán mermados sus votos en las elecciones que están en marcha, donde la chiquillada saldría beneficiada, las rémoras del centro o los afines a la izquierda.

La diputada federal consideró que la falta de “señalamientos contundentes” sobre los responsables de estos hechos “lacera mucho la credibilidad de las instituciones”.

En consecuencia, urgió a “hacer una revisión más rápida y muy puntual” del deslinde de responsabilidades, para definir las sanciones y hacer así justicia a las familias de las víctimas.

En opinión de Alavez Ruiz, hoy confluyen en el país graves problemas de violencia, narcotráfico, abandono hacia los jóvenes y omisión de autoridades federales, temas que ahora se presentan en el caso Ayotzinapa.

Planteó la necesidad de “poner mucha atención en todos lados, porque esta clase de acontecimientos no solo se están dando en Guerrero, ya que “la violencia está creciendo de una manera exorbitante”.

Pero todo indica que en la ciudad donde se firmó la Independencia de México, es el triángulo de las Bermudas, donde 43 jóvenes desaparecieron una noche y ni la inteligencia mexicana y las fuerzas policíacas del país, han podido dar con ellos en un México de fosas y despojos humanos, que nadie sabe de quienes eran, porque al gobierno federal no le importan.

Las redes son ahora el centro de la convocatoria a diversos actos, donde algunos tinterillos oficiales buscan defender lo indefendible para cumplir con quienes los contratan, pero la irritación es tal que el mundo entero ha condenado los hechos y la falta de un Estado de derecho en el país, que desde Atlacomulco se presentaba como mágico y sin problemas. Los embajadores mexicanos desinforman en los países donde se encuentran para amainar la tormenta contra el salvador de México. 

ACUERDO NACIONAL 

Ante esto, el presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, convocó a construir un acuerdo de estabilidad en el país mediante la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, a fin de superar la crisis que enfrenta actualmente el estado de Guerrero.

El reto de los tres órdenes de gobierno es determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, delimitar el nivel de involucramiento de servidores públicos en estos hechos, llevar a cabo acciones para desmantelar a los grupos del crimen organizado e implementar políticas públicas para reconstruir el tejido social y restablecer la gobernabilidad, aseguró Barbosa.

“Desde el Senado debemos contribuir a la creación de un escenario que favorezca la estabilidad y la gobernabilidad, porque en México existe una marcada tendencia a favor de la paz y la sociedad rechaza tajantemente cualquier forma de violencia”, dijo.

Afirmó que la Cámara de Senadores es sensible al reclamo social, aliado de la verdad para llegar al fondo de las investigaciones y fincar responsabilidades a servidores públicos y todos los involucrados en los hechos ocurridos hace un mes en el municipio de Iguala.

“Los que desempeñamos una responsabilidad pública tenemos que comprometernos con la resolución de los conflictos y el cumplimiento de la ley, que en el caso de Iguala consiste en determinar el paradero de los estudiantes y la presentación ante la justicia de sus captores, sean quienes sean”, sostuvo.

Barbosa indicó que la investigación sobre los normalistas desaparecidos se ha prolongado por un mes, situación que ya es insostenible y que de no resolver con prontitud, se multiplicarán hechos de disolución social que nadie desea.

Mencionó que aunque la PGR ha identificado a los presuntos responsables intelectuales, y el Gobernador ha pedido licencia, no se ha logrado localizar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Barbosa Huerta dijo que la licencia solicitada por el gobernador ayudará a la distensión social en Guerrero y elimina un factor que llegó a considerarse por la opinión pública como obstáculo para conocer lo que sucedió.

Mientras que la llegada de Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino con un perfil ciudadano, contribuirá a recuperar la gobernabilidad en Guerrero a través del diálogo entre los sectores de la entidad federativa, y manda un mensaje de que las investigaciones llegarán a fondo.

Eso es lo que cree el poblano. 

CEDEN LOS DIPUTADOS 

El Senador Alejandro Encinas, calificó de regresivas las modificaciones realizadas en Cámara de Diputados a la minuta enviada por el Senado de la República, relativa a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El mexiquense señaló que la Cámara de Diputados cedió ante las presiones de otros actores y dejó de lado la obligación de los medios de comunicación de obtener permiso para la difusión de imágenes y datos personales de los menores, y eliminó los derechos sexuales y reproductivos, con el argumento de que éstos no se encuentran en la Constitución.

Alertó que esta regresión coloca nuevamente en condiciones de vulnerabilidad a la niñez y la adolescencia, en virtud de que las niñas, niños y adolescentes se ubican tanto en el inicio de su vida productiva, como en pleno proceso en el ejercicio de su sexualidad.

Encinas Rodríguez mencionó que dadas estas circunstancias, en 2005, durante la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, se contempló que para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio era necesario garantizar el acceso universal y pleno a la salud sexual y reproductiva a estos grupos de edad en el año 2015, ya que de acuerdo a cifras de ONUSIDA, poco más de 6 mil jóvenes se infectan diariamente con el VIH y más del 50% de las nuevas infecciones sexuales se presentan entre los 10 y 24 años de edad.

Añadió que desafortunadamente las acciones para niñas, niños y adolescentes no han estado claramente definidas en el cuerpo normativo vigente. Se conoce que en el ámbito educativo, la SEP ha incorporado conceptos limitados sobre educación sexual en los libros de texto; con una marcada carga moral que inhibe la acción integral, lamentó. Y ahora los diputados legislan mal.

 

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