“El 1º de septiembre llegó al Senado de la República la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto, un proyecto de Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asombrosamente la iniciativa presentaba un desfasamiento con la evolución del derecho internacional en la materia. Anacrónica es la palabra que mejor la definía. Por eso de inmediato hizo reaccionar a gran parte de la población, sobre a todo a aquellos especialistas en el tema. (…).”

 

Ley para la niñez, corregida y aumentada

Javier Corral Jurado

 

Senador, Javier Corral Jurado

Senador, Javier Corral Jurado

www.javiercorral.org

Martes 30 de septiembre de 2014   

Si bien es cierto que en varias ocasiones en el siglo XX se hicieron importantes tratados que pretendían cobijar a la infancia, fue hasta 1989 cuando en la Convención de los Derechos del Niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas (CDN) le otorgó de manera íntegra el valor de “sujeto de derechos” a los niños, niñas y adolescentes, lo que conlleva principalmente que no se pueden restringir derechos so pretexto de su protección o cualquier otro motivo. Es decir, los derechos, obligaciones y responsabilidades del niño no son permutables por ninguna razón.
 
De este modo, en la CDN se cambiaron estructuras atrasadas  del pensamiento que consideraban a los niños -desvalidos o inferiores sin la protección de sus padres o tutores. La diferenciación entre niños y adultos era palpable en cuanto que el menor respondía a través de los adultos, desvinculando las responsabilidades que debe tener el Estado por cada uno de sus ciudadanos. En pocas palabras, la tutela del Estado sobre sus ciudadanos era discriminatoria con los niños.
 
El logro de 1989 fue un hito en la historia de la humanidad y, como dijo el jurista argentino Emilio García Méndez, especialista en temas de infancia y adolescencia y promotor de la CDN, se debe “entender la Convención […] como instrumentos específicos de derechos humanos de todos los niños y los adolescentes […] debe ser entendido como la Revolución Francesa que con doscientos años de atraso llega a todos los niños y adolescentes”.
 
El 1º de septiembre llegó al Senado de la República la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto, un proyecto de Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asombrosamente la iniciativa presentaba un desfasamiento con la evolución del derecho internacional en la materia. Anacrónica es la palabra que mejor la definía. Por eso de inmediato hizo reaccionar a gran parte de la población, sobre a todo a aquellos especialistas en el tema. Voz importante de esa alerta fue la de Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, quien hizo una presentación frente a las Comisiones Unidas que la dictaminarían:  “El cambio de paradigma más grande que introduce la CDN, es romper con la visión de los niños como objetos de protección y asistencia – conocido como la teoría de la situación irregular – , para considerarlos como titulares de derechos […] sitúa también al Estado como el principal obligado frente a la garantía esos derechos”.
             
El documento enviado por el Ejecutivo contemplaba a los niños, niñas y adolescentes como individuos sujetos de protección y programas asistencialistas que el Estado no garantizaría, sino que, de manera involutiva, se reconvierten en personas incapacitadas a ser sujetos de derechos integralmente. 
 
Asimismo, como también mencionó en su intervención Crowley, la iniciativa utilizaba varios términos fundamentales como primacía familiar y el interés superior del niño, pero no los hacía efectivos porque regateaba la forma institucional de garantizarlos. En un auténtico despropósito el Presidente de la República planteaba que la Secretaría de Gobernación se encargara del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la misma dependencia que tiene a su cargo el CISEN y el combate a la delincuencia organizada.
 
¿Qué distrajo a Enrique Peña Nieto para que enviara como Iniciativa Preferente una tan defectuosa como inaceptable?. No es posible que haya sido la incompetencia de la asesoría jurídica de la Presidencia ni falta de conocimientos. Más bien, delata la ausencia de una apuesta real por los derechos concretos y el amparo de la niñez. Acusa el desinterés por construir las bases institucionales necesarias que formen mexicanos capacitados dotados de todos los derechos. Muestra el interés de la política asistencialista del priismo y el abandono por la ampliación de derechos. 
 
El manejo mediático que envuelve al gobierno de Peña, intentó utilizar este tema que cada vez se hace más sensible a nivel mundial con el avieso objetivo de colgarse una medalla más, aunque esto significara proponer una ley trunca que no sólo no abonaba nada a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que los perjudicaba regresándolos a un punto anterior a la misma Convención de 1989.

De ahí la importancia del trabajo realizado por las comisiones dictaminadoras y sus equipos técnicos, mayúsculo en la tarea correctora y es un gran antecedente para el trabajo legislativo: el documento presidencial fue rehecho y recibió la aprobación unánime del Senado. Se modificó más del 80 % de su articulado, y cambió la concepción, esto es el modelo regulatorio, así como el nivel de competencias. Aun carece de autoridades propias la legislación, y mecanismos presupuestales que concreten en los hechos la ley declarativa.   Pero hay avances indiscutibles tomados de otros proyectos de ley, partícularmente el que impulsó la senadora Angélica de la Peña, comprometida con el tema desde su formación misma. Por supuesto las diversas observaciones que realizaron diversos senadores y que enriquecieron la base legislativa que brindará un mejor futuro para todos los mexicanos. 

Anuncios