* Hay integración deficiente de la carpeta respectiva; también omisiones sustanciales en donde la PGJEM elude fincar responsabilidades, es el caso de la empresa organizadora Skalona Records, del alcalde Pablo Bedolla y del secretario del ayuntamiento, Sergio Díaz

* En conferencia, el diputado Octavio Martínez Vargas aseguró que el baile nunca se debió haber autorizado en este terreno porque no tiene las condiciones idóneas, así como tampoco se supervisó la venta de bebidas alcohólicas al interior y exterior del predio

 

Alteran graves irregularidades las investigaciones de

la Procuraduría sobre el  baile de Ecatepec, denuncian

 

El diputado Octavio Martínez Vargas, el policía municipal, Jorge Alberto Sánchez Carbajal, ahora imputado y el responsable de su defensa, Carlos Mata, en conferencia de prensa. Fotos: SIR

El diputado Octavio Martínez Vargas, el policía municipal, Jorge Alberto Sánchez Carbajal, ahora imputado y el responsable de su defensa, Carlos Mata Martínez, en conferencia de prensa. Fotos: SIR

Red-acción

Ecatepec, Méx., martes 26 de agosto._ Una averiguación viciada de origen, con graves deficiencias en la integración de una carpeta de investigación casi ininteligible, la falta del video en que se registró el percance que provocó la muerte de tres personas luego de concluir el baile de la 30-30, y la alteración de la escena del crimen por parte del director de la Policía de Ecatepec, Pedro Orea Romero, son parte de las irregularidades denunciadas.

Hay también omisiones en la carpeta porque no se señalan las responsabilidades del gobierno local y de la empresa organizadora Skalona Records (Escalante Producciones, S. A de C.V.), sin protocolo de ninguna especie para ese tipo de eventos masivos; y de los 160 elementos supuestamente para permanecer dentro y fuera del terreno, poco se supo porque muchos se fueron. Todo esto es parte de las principales irregularidades en que ha incurrido la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Esto ha llevado a que se obstaculice la defensa del policía municipal, Jorge Alberto Sánchez Carbajal, señalado por la Procuraduría como uno de los cuatro presuntos responsables del siniestro ocurrido la mañana del 6 de julio pasado en dicho baile, al que asistieron más de 20 mil gentes.

POLICÍA ALTERA ESCENA DEL CRIMEN

 

Y entre toda la artificial trama que se va tejiendo, se viene a sumar también la  presencia del director de la Policía de Ecatepec, Pedro Orea Romero, que acompañado de otros oficiales fueron descubiertos por un agente del Ministerio Público local alterando la “escena del crimen”, situación similar que ocurrió cuando llego personal de la PGJEM y lo encontró “haciendo labores de limpieza”, lo que también queda asentado en la carpeta informativa, además del llamado de atención por el propio ministerial.

Las omisiones señaladas forman parte importante de las investigaciones que la PGJEM pretende eludir, coincidieron

Las omisiones señaladas forman parte importante de las investigaciones que la PGJEM pretende eludir, coincidieron

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso mexiquense, Octavio Martínez Vargas y representantes legales del policía municipal, Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, imputado por dicho caso ocurrido en la “explanada de la 30-30” en este municipio, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las irregularidades en las investigaciones que lleva a cabo la PGJEM para fincar responsabilidades a su representado.

Carlos Mata Martínez, abogado defensor de Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, indicó que el presidente municipal, Pablo Bedolla López y el secretario del ayuntamiento, José Sergio Díaz Hernández, extendieron y firmaron un permiso para un baile masivo en un predio improvisado y sin condiciones de seguridad.

Señaló que la PGJEM les entregó la carpeta de investigación 344610550618314 con un gran número de páginas en blanco y otras totalmente ilegibles, donde les es imposible conocer el expediente íntegro.

Explicó que la Procuraduría no les ha permitido el acceso al video de seguridad, por lo que pedirán al legislador Octavio Martínez Vargas solicite al Procurador les entregue completa la película para que puedan ver exactamente la hora en la que se hicieron los disparos y cómo sucedieron los hechos

Refirió que en la carpeta de investigación se manifiesta que no había permiso para venta de bebidas alcohólicas al exterior del inmueble, entonces ¿por qué no había gente de Normatividad del municipio supervisando que no hubiera venta de alcohol?, porque se encontraron al menos más de mil botellas de bebidas embriagantes tiradas en todo el predio.

NO HUBO ESTAMPIDA

 

Expresó que lo que están manipulando como estampida, no existió, fue sólo una mala organización de la empresa Skalona Records que no contempló una salida amplia para los miles de asistentes que acudieron al evento, y al final las personas buscaron otro acceso de salida, muchos saltaron una barda y ésta colapso por la misma presión de la gente. 

Igualmente aclaró que al revisar el expediente descubrió que la Procuraduría encontró en el sitio  tres casquillos percutidos, dos corresponden al arma de cargo de 9 milímetros de su defendido y otro casquillo de arma 38 súper (calibre propio de revolver), que se localizó a más de 30 metros de ese lugar, cerca de donde colapso la barda, frente a un fraccionamiento.

Subrayó que llama la atención que una de las víctimas fue encontrada con los pantalones y las pantaletas en las rodillas, eso hace presuponer que hubo actos violentos en el evento.

Finalmente aclaró que en la carpeta encontraron información que refiere que la empresa Skalona Records pagó a los deudos 200 mil pesos por cada una de las víctimas:

“Si la empresa ya pagó la reparación del daño por 200 mil pesos, la familia lo acepto y en ese momento otorgó el perdón, por qué la Procuraduría nos está imputando el hecho de recurso de homicidio, si ya está reparado el hecho de homicidio culposo”.

El legislador dijo que hace responsable de estos hechos al presidente municipal (Pablo Bedolla), al haber autorizado el baile en esas condiciones y que se permitiera que concluyera a las cinco de la mañana del día siguiente; además de darle todas las facilidades a la empresa Skalona Records

El legislador dijo que hace responsable de estos hechos al presidente municipal (Pablo Bedolla), al haber autorizado el baile en esas condiciones y que se permitiera que concluyera a las cinco de la mañana del día siguiente; además de darle todas las facilidades a la empresa Skalona Records

Destacó que pedirán que inhabiliten a los servidores públicos que otorgaron el permiso para la realización del baile, y a quiénes no se hicieron responsables por la venta de bebidas que se expendieron en el interior del inmueble.

Reiteró que necesitan allegarse los datos de pruebas que tiene la Procuraduría, como el video y  el expediente completo y legible, “a nosotros ya nos batearon 3 veces, esperamos que a través del diputado Octavio Martínez nos hagan llegar la información que necesitamos”.

NO SE DEBIÓ AUTORIZAR EL USO DEL PREDIO

 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez Vargas, aseguró que el baile nunca se debió haber autorizado en este terreno porque no tiene las condiciones idóneas, además de que no se supervisó la venta de bebidas alcohólicas al interior y exterior del predio, y porque la empresa no contrato a los elementos privados necesarios para darle seguridad a los asistentes.

Afirmó que hace responsable de estos hechos al presidente municipal (Pablo Bedolla), al haber autorizado el baile en esas condiciones y que se permitiera que concluyera a las cinco de la mañana del día seis, cuando el permiso era para el día cinco. Entonces se dan estos hechos lamentables, la Procuraduría interviene, da todas las facilidades a la empresa Skalona Records, y no son ellos quienes solicitan el permiso, lo hacen a través del Consejo de Participación Ciudadana, y se presume que le otorgan 150 mil pesos por esta gestión.

Octavio Martínez indicó que no se sabe cuánto fue de los derechos que pagaron al municipio, pero se estima que fueron 75 mil pesos.

“La Procuraduría ha sido muy facilitadora con la empresa al llevarlos personalmente con los familiares y buscar la reparación del daño, cuando lo que debió de haber hecho era arraigar a los representantes de la empresa, arraigar al alcalde por lo que establecen los ordenamientos del Bando Municipal y eso no ha sucedido”.

Indicó que observa parcialidad de la Procuraduría, hay dolo en los documentos que han expedido a los abogados que van a llevar la defensa, al darles las hojas en blanco y esto es materia que debe conocer el Congreso.

“Como legislador e integrante de un poder y en mi condición de presidente de la Comisión de Seguridad Publica y Transito habré de solicitar a la brevedad posible un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Baruch Delgado Carbajal y con el Procurador del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, para que no haya una procuración ciega de la justicia”, soltó.

Recalcó que a su juicio hay parcialidad en esta carpeta de averiguación para deslindar de la responsabilidad al alcalde Pablo Bedolla y al secretario del ayuntamiento, Sergio Díaz,  que son quienes autorizaron y firmaron los permisos, así como con los representantes de la empresa Skalona Records.

Por último, reiteró que en su condición de integrante de un poder no permitirá y hará todo lo que este a su alcance por ser un contrapeso de otros poderes, que en este caso están cometiendo una violación al debido proceso a la justicia y a los preceptos establecidos en la Constitución Política.

 

 

 

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