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* Piden suspender operación de Acueducto Independencia

* Retirar concesión a la Minera contaminante de Río Sonora

* Piden a Oaxaca cumplir con la armonización educativa

 

Miércoles 20 de agosto de 2014

Mientras Beltrones se olvida de su estado porque está gobernado por el PAN, los problemas se acrecientan en ese estado norteño donde el saqueo del agua del Yaqui, se suman ahora los de la contaminación de otro río en Sonora, entidad por cierto donde el agua dulce es poca y escasa para muchas familias.

Por ello, legisladores solicitaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspenda la operación del Acueducto Independencia, en el estado de Sonora, por causar daño irreparable al pueblo Yaqui y por no contar con autorización de impacto ambiental, a través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Las senadoras Ana Gabriela Guevara, Dolores Padierna, Layda Sansores San Román y el senador Alejandro Encinas Rodríguez, pidieron faciliten toda la información solicitada por la Tribu Yaqui de forma actualizada y veraz para la realización de una consulta y se respete el derecho al consentimiento del Pueblo Yaqui.

Consideraron que el Estado debe establecer medidas cautelares para la protección de la tribu Yaqui por el daño irreparable y detener las acciones de hostigamiento en su contra.

Dolores Padierna Luna mencionó que intelectuales, artistas y activistas publicaron un desplegado a favor de los yaquis, señalando que la opción más segura y barata para abastecer de líquido a Hermosillo y otras ciudades era reparar fugas e invertir en plantas potabilizadoras de agua de mar.

Recordó que el pasado 8 de agosto, en las instalaciones del Senado de la República fue recibida  la Caravana de la Tribu Yaqui  las senadoras Ana Gabriela Guevara, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, reunión en  la que expresaron todo su apoyo, respaldo y solidaridad con la lucha legítima de esa comunidad.

Indicó que en este encuentro los legisladores se comprometieron a dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realización de una consulta y la revocación definitiva de la autorización de impacto ambiental y suspensión de las operaciones del Acueducto Independencia por daño a la Tribu Yaqui.

Para tal efecto, dijo la senadora del PRD, la Suprema Corte ordenó dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente dio para la construcción y operación del Acueducto Independencia.

Aseguró que hasta el momento, las autoridades locales y federales responsables siguen incumpliendo la Sentencia de la Corte y las disposiciones normativas nacionales e internacionales que protegen a la Tribu Yaqui en la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

RETIRAR CONCESIÓN

Y en el caso de la contaminación causada por minera en el río Sonora, Padierna Luna solicitó el retiro de la concesión de este Grupo México S.A. de C.V., no solo por lo que está ocurriendo, sino por todos los daños de vigencia de esta concesión ha tenido esta irresponsable empresa.

La negligencia en la operación de la mina Buenavista del Cobre Grupo México generó un derrame de 40 mil metros cúbicos, equivalente a 40 millones de litros, de la solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

La cantidad de químicos derramada al río, es equivalente al agua contenida en 16 albercas olímpicas, las consecuencias del daño humano y ecológico son de una auténtica tragedia, aseguró. 

El daño afecta a la población de ocho municipios del estado de Sonora, incluyendo la ciudad de Hermosillo, así como centenares de ranchos y de ejidos que dependen de estas fuentes de agua para las actividades agropecuarias y de consumo humano. 

En cuanto al número de población afectada sea contabilizado al menos 22 mil personas en las comunidades ribereñas de más de 800 mil habitantes de la capital del estado. Las 22 mil personas de los municipios ribereños podrían permanecer hasta un mes sin acceso a este líquido vital de estas fuentes de agua.

La falta de agua es tan seria que el costo de un garrafón de agua purificada ha llegado alcanzar precios de hasta 120 pesos, para ilustrar algunas de las consecuencias ocasionados por este derrame: 88 escuela no pudieron iniciar clases el lunes pasado ante el peligro de lo que los estudiantes pueden consumir agua contaminada.

Así están los problemas en esa entidad y el gobierno federal le aplica una multa que con las ganancias que obtiene la minera, es una vacilada la sanción. Esto es solo un aviso de lo que viviremos con las trasnacionales que se multiplicarán el próximo año.

Y el de Atlacomulco se la pasó mintiendo en cadena nacional con la entrevista que le hicieron y que en cuando a lo legislativo, ya lo habíamos mencionado aquí, la idea era que la oposición dijese sus argumentos contra la reforma energética para ahora afirmar que “fue la más debatida”. ¿En dónde? Si los legisladores del gobierno casi ni hablaron más que para presentar los dictámenes. Ahí está el Diario de Debates. Fue el PAN que por los negocios que algunos tienen en el sector, se esmeraron en defenderla diciendo incluso que ellos eran los padres de estos cambios.

El robo del agua de los Yaqui y la contaminación de la minera, nunca lo mencionará porque de acuerdo a las leyes secundarias, casos de despojos y contaminación se repetirán a lo largo y ancho del país en las zonas donde se obtengan hidrocarburos o hagan proyectos eléctricos. Serán el pan nuestro de cada día. Al tiempo.

GOBERNADOR DE RODILLAS

El único estado que no armonizado su ley educativa es Oaxaca y donde el gobernador se encuentra de rodillas ante el poder de un grupo de maestros que atenta contra la gobernabilidad y el derecho a la educación de miles que no pueden estudiar si se atenta contra la constitucionalidad y legalidad, afirmó el presidente de la Comisión de Educación en El Senado, Juan Carlos Romero Hicks. 

Las normas que la CNTE quiere, comentó, no mencionan el derecho de la educación de calidad, no hace referencia al servicio profesional docente, no reconoce al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como la máxima autoridad en materia de evaluación, no quiere reconocer la evaluación como algo obligatorio. De ahí que exhorta al Congreso local a que la reforma que haga esté dentro de la Constitución y las leyes generales, y las leyes del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación.

“Oaxaca tiene los indicadores más bajos del país en materia de educación, tenemos más de seis mil ochocientos planteles que no pudieron ser censados, porque la sección 22 lo ha venido impidiendo, y la iniciativa tiene cortes ideológicos claramente tendenciosos y que lamentablemente nunca van a permitir que Oaxaca pueda tener unas mejores condiciones”, subrayó.

El gobierno local y el gobierno federal deben actuar de manera coordinada, “lamentablemente la Secretaría de Gobernación da la impresión de que está negociando la ilegalidad y visos de inconstitucionalidad. Anoche todavía tuvieron reuniones, y ante la imposibilidad de desarrollar el examen nacional de primer ingreso para docentes, están entregando las plazas a las once normales de Oaxaca, entonces ¿queremos Estado de derecho o queremos estado de chueco?”.

Comentarios a uliseshj@hotmail.com

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