* Autoridades ministeriales deforman las declaraciones e investigaciones y no buscan al responsable quien estaba ocultó en la camioneta en que se cometió el asesinato y está en libertad

* Familiares demandan examinar carpeta ante magistrados de Justicia por irregularidades en el proceso; se ventila en el Juzgado Segundo de primera instancia del penal Bordo de Xochiaca

 

Exigen a tribunal revisar sentencia de 58

años a presunto homicida de sacerdote

 

El legisaldor Octavio Martínez Vargas y Eva Ahuatzin Guerra, madre del inculpado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Méxic. Foto: Jorge Villa

El legisaldor Octavio Martínez Vargas y Eva Ahuatzin Guerra, madre del inculpado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Méxic. Foto: Jorge Villa

 

Por Roberto Acevedo | Publicado: miércoles 23 de julio de 2014

Ecatepec, Méx._ Tras ser sentenciado a 58 años de prisión, Ulises Amilkar Amador Ahuatzin, acusado del presunto homicidio del sacerdote José Luis Parra Puerto, ocurrido en el Distrito Federal en el año 2010, su familia considera que debe ser absuelto por las excesivas irregularidades cometidas.

Vamos a exigir una revisión en los tribunales ante irregularidades del proceso que se ventila en el juzgado segundo de primera instancia del penal Bordo de Xochiaca, señaló Eva Ahuatzin Guerra, madre del inculpado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

En conferencia de prensa, la madre de Ulises Amador y el legislador mexiquense Octavio Martínez Vargas lamentaron que Ulises Amador este en prisión a pesar de no existir los elementos de prueba para responsabilizarlo del homicidio del sacerdote José Luis Parra y con una condena de 58 años.

Eva Ahuatzin, madre del inculpado, durante la rueda de prensa. Foto: Jorge Villa

Eva Ahuatzin, madre del inculpado, durante la rueda de prensa. Foto: Jorge Villa

Expusieron que sólo está en la cárcel por la recomendación del cardenal Norberto Rivera Carrera a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para inculpar a Ulises, quien era auxiliar del sacerdote y ambos miembros de la orden de Los Caballeros de Colón.

La madre de Ulises Amador señaló que el 17 de febrero del año 2010, día que se celebró “el miércoles de ceniza”, su hijo, el sacerdote José Luis Parra y otro integrante de la orden de “Los Caballeros de Colón” a quien conoce como “Cardoso”, al terminó de las labores religiosas, salieron del interior de la catedral de la Ciudad de México a bordo de una camioneta tipo Voyager.

Comentó que en el trayecto el tal Cardoso se bajó del vehículo, y continuaron su viaje Ulises y José Luis, por versiones de su hijo, este de repente escuchó una detonación de un arma, y se percató que el sacerdote quien era el conductor se encontraba bañado en sangre, esto lo paralizó, pues no asimilaba lo que sucedía, ya que se suponía estaban solos en la camioneta.

Eva Ahuatzin acusó que la PGJEM nunca comprobó esta versión, en la que la persona que hizo el disparo hizo descender a su hijo del vehículo y después se lo lleva y lo abandona en territorio mexiquense.

Además, las autoridades ministeriales no aportaron las pruebas necesarias, como la prueba de Harrison para verificar residuos de pólvora en manos y ropa de Ulises, sin embargo lo enviaron al reclusorio, donde el juzgador se ha tratado de declarar incompetente, pero es presionado para retomar el caso, dijo la progenitora de Ulises.

Sin embargo la PGJEM implicó a su hijo como el responsable del homicidio por la presión que ejercieron las autoridades eclesiásticas para responsabilizar a alguien, en este caso a Ulises, de un crimen que no cometió, pues en un inicio “él denunció el crimen y de testigo paso a ser el responsable”.

La progenitora de Ulises reveló que la PGJEM atrajo el caso de homicidio, luego que la camioneta se encontró en la entidad mexiquense y en el interior el cadáver del sacerdote José Luis Parra, sin embargo las autoridades ministeriales deformaron las declaraciones e investigaciones y no buscaron al responsable quien estaba ocultó en la camioneta y está en libertad.

Y ejemplificó que en la ocasión en que se entrevistó con un perito de la Procuraduría, el funcionario le insinúo que “con 50 mil pesos le quitaba el dictamen del expediente”, pues “presumo que su hijo mintió en las declaraciones”, por lo cual calificó de corruptas a las autoridades ministeriales del estado de México, cuando deberían investigar a fondo.

 

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