“Transversal el poder de las televisoras a partidos, grupos parlamentarios y gobiernos, la batalla por corregir y atajar las regresiones contenidas en la iniciativa de Telecomunicaciones enviada por Peña Nieto al Senado, se ha tornado en un galimatías. (…).”

 

Mercadeo Constitucional

Javier Corral Jurado

 

Javier Corral Jurado, senador

Javier Corral Jurado, senador

www.javiercorral.org

Publicado: jueves 19 de junio de 2014

Transversal el poder de las televisoras a partidos, grupos parlamentarios y gobiernos, la batalla por corregir y atajar las regresiones contenidas en la iniciativa de Telecomunicaciones enviada por Peña Nieto al Senado, se ha tornado en un galimatías. Aprovechando el choque entre PRD y PAN por la reforma energética, y sacando raja de la división de esos grupos, el gobierno tiene abiertas mesas de negociación para ver en cuál compra más barato, o adquiere, según sea el caso, el aval a su contrarreforma. Es un vergonzoso mercadeo de la Constitución.
 
Hasta ahora, los cambios presentados como avances por senadores del PRD y el senador Javier Lozano, a nombre de un indefinido grupo de senadores del PAN, no tocan lo esencial de la regresión, ni mucho menos atajan los descarados regalos a Televisa planteados en la iniciativa. Por el contrario, en esa negociación se han producido modificaciones aún más preocupantes, dirigidas a la protección del consorcio televisivo. Toda vez que el proyecto pretende dejar suelta la preponderancia de Televisa en el mercado de la televisión de paga, esto es, sin que se le puedan imponer medidas asimétricas por su tamaño en ese mercado, el nuevo artículo noveno transitorio del proyecto de dictamen le concede una autorización especial para seguir concentrando sistemas de tv restringida, constituyéndose en una inadmisible excepción al régimen de competencia.
 
El otro regalo es la propuesta que confiere a los concesionarios de tv, la posibilidad de aumentar el tiempo de comercialización de 18% -su actual límite- hasta 33% o más del tiempo de programación. Además de dejar a los concesionarios la distribución de estos porcentajes en los horarios que más les convengan, cuando la reforma señaló como uno de sus objetivos equilibrar la publicidad con la programación y evitar la acumulación de comerciales en los programas de más audiencia que afectan los derechos del público. Esto contrasta con la forma en que a los medios públicos y comunitarios se les quiere cerrar las vías de financiamiento, como el derecho de vender espacios publicitarios en la más mínima proporción. 
 
Las principales contradicciones subsisten: se mantienen artículos que invaden facultades al IFT, por injerencias indebidas de la SCT y de la Segob. No se desarrollan con la misma efectividad que se hace para las telecomunicaciones, las medidas de competencia en la radio y la tv. La parte toral de ello está en una maliciosa definición de la preponderancia (la concentración de un agente económico en un mercado) que la iniciativa plantea por Sectores y no por Servicios como en una interpretación literal y teleológica de la disposición constitucional se señala. Los servicios derivan en mercados. 
 
Siguen ausentes criterios para fijar límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios, lo que significa limitar el acaparamiento de las plataformas de transmisión; esto permanece como la mayor omisión a los mandatos constitucionales. Igual el tema de la multiprogramación, referente a la autorización de canales adicionales a los mismos concesionarios, bajo el método de asignación automática y sin que se les obligue a pagar una contraprestación. 
 
La resistencia para desarrollar de manera precisa los lineamientos para los medios públicos, señalados en el artículo décimo transitorio del decreto de reforma, sólo tiene su explicación en un objetivo autoritario y de control informativo. Seguiremos insistiendo que se debe dedicar un capítulo completo que garantice los principios constitucionales de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento, acceso a tecnologías y reglas para la expresión de la diversidad ideológica, étnica y cultural. 
 
Resulta grotesco que se pretenda mantener a cargo de la Segob, la vigilancia y sanción de contenidos, la administración de los tiempos de Estado, y no se quieran reconocer los derechos de la audiencia, pues el catálogo se mantiene incompleto, y su cumplimiento sujeto a la autorregulación de los medios. Las negociaciones aisladas han producido resultados menores, permanecen las principales contradicciones y ausencias de la Ley Peña-Televisa.

 

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