“(…) era de esperarse que la iniciativa de legislación reglamentaria enviada por Peña Nieto el 24 de marzo al Senado, desarrollara un amplio catálogo de derechos y previera las formas de hacerlos cumplir. Sin embargo, éste, al igual que otros mandatos constitucionales, pretende ser ignorado. La iniciativa disminuye sus alcances y al final termina dejando a las audiencias en la indefensión, como hoy sucede frente a los abusos de los medios electrónicos.”

 

Los Derechos de las Audiencias

Javier Corral Jurado

 

Javier Corral Jurado, senador. Foto: Facebook

Javier Corral Jurado, senador. Foto: Facebook

www.javiercorral.org

Publicado: martes 3 de junio de 2014

A lo largo del articulado sustantivo y de sus transitorios, el decreto de reforma constitucional en Telecomunicaciones y radiodifusión, promulgado el año pasado, incorporó disposiciones para garantizar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, así como de las audiencias en radio y televisión. La nueva fracción VI del artículo sexto señala que la Ley establecerá los mecanismos para su protección. Vinculado este mandato a la definición de la radiodifusión como un servicio público de interés general, era de esperarse que la iniciativa de legislación reglamentaria enviada por Peña Nieto el 24 de marzo al Senado, desarrollara un amplio catálogo de derechos y previera las formas de hacerlos cumplir. Sin embargo, éste, al igual que otros mandatos constitucionales, pretende ser ignorado. La iniciativa disminuye sus alcances y al final termina dejando a las audiencias en la indefensión, como hoy sucede frente a los abusos de los medios electrónicos. 
 
En la propuesta de Peña se incorpora una vieja demanda, especialmente de la AMEDI: la figura de la Defensoría de Audiencia, como “responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia”; ahí mismo se señala que cada emisora de radio y televisión contará con un Código de Ética, como parte de sus compromisos de autorregulación. 
 
Los dos conceptos son válidos, pero no constituyen por sí mismos los instrumentos para garantizar los derechos de radioescuchas y televidentes, porque si bien cualquier esfuerzo ético será bienvenido, la ética no puede substituir a la ley. 

De esto han llamado la atención en un macizo documento, ni más ni menos, que los defensores de las audiencias del Canal 22, Francisco Prieto; de Radio Educación, Beatriz Solís Leree; del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Adriana Solórzano y Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MVS.

“Su cumplimiento (de los derechos) queda a voluntad del medio y del defensor de las audiencias. Dice el documento: ‘La promoción y defensa de estos derechos deberán ser incorporados en el contenido de los Códigos de Ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos′ (artículo 257). Ante su incumplimiento, no existe ni un solo mecanismo de sanción”. 
 
Los defensores consideran que los derechos en el artículo 257 de la iniciativa de Peña Nieto no recuperan plenamente los principios de la reforma constitucional, y proponen agregar otros derechos que definidos en la propia reforma, otros ordenamientos legales y en la iniciativa ciudadana elaborada por la AMEDI, entre éstos: garantizar la transmisión de contenidos no discriminatorios; proteger la identidad de menores involucrados en informaciones periodísticas relacionadas con niños y niñas en procesos administrativos y judiciales; garantizar la protección de datos personales, intimidad y vida privada de las personas, y en informaciones periodísticas, garantizar la presunción de inocencia de toda persona involucrada en procesos judiciales y de investigación de delitos. 
 
Una pertinente observación es que, no obstante que la mitad de los hogares en México ya cuentan con servicios de televisión de paga, la iniciativa sólo obliga a las estaciones de radio y televisión abiertas a contar con defensoría de audiencias. 
 
“La creación de defensorías en sistemas de televisión por cable, por satélite o IPTV es obligada porque decenas de concesionarios producen contenidos propios o compran producción nacional, cuyos contenidos deben cumplir la función social que les obliga la Constitución”. 
 
Y coinciden con el gran reclamo social frente el intento de regresión autoritaria de mantener en Gobernación la regulación de contenidos. “Se corre un riesgo mayor -por el uso político de este instrumento- en la vulneración de dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a la información, tal como ha sucedido en décadas anteriores”. 
 
“En la mayoría de los países desarrollados la regulación de contenidos se encuentra entre las facultades de los órganos independientes de radiodifusión y telecomunicaciones” (…) “La regulación de contenidos debe ser trasladada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La reforma constitucional estableció al menos tres facultades explícitas en esta materia para el órgano autónomo: supervisión de máximos de publicidad en radio y televisión, de la publicidad y contenidos dirigidos a la población infantil, y regulación en la retransmisión de los canales abiertos de TV en los sistemas de TV de paga”.  
“La iniciativa incumple con estas disposiciones. Esto debe corregirse y mejorarse con lo que se buscaba: dotar al IFT de la atribución plena para regular contenidos y convertirse en el órgano garante del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de las audiencias, así como de la creación y actuación de las Defensorías de las Audiencias”.

 

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