San Lázaro - 10.02.14

 

* Exhortan al Ejecutivo parar tragedia ambiental en Baja Sur

* Pillos chinos vetados por Banco Mundial y ex foxistas

* El titular de Energía debe ser reemplazado, es contratista

 

Publicado: miércoles 28 de mayo de 2014

Semarnat debe prohibir la construcción del desarrollo turístico denominado ‘Cabo Dorado’ en el área de influencia del área natural protegida ‘Cabo Pulmo’ en Baja California Sur para evitar una tragedia ambiental, demandó la senadora Silvia Garza Galván, en un exhorto al gobierno federal.

La secretaria de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso informó que esta postura es en respuesta al exhorto propuesto por los diputados federales del PRD, Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, para que esa dependencia niegue la construcción de ese desarrollo inmobiliario y hotelero en la citada área natural protegida.

La coahuilense mencionó que el Parque Nacional ‘Cabo Pulmo’ fue decretado como área natural protegida por el gobierno federal el 6 de junio de 1995, cuya superficie de conservación es de siete mil 111 hectáreas y en la cual incluye el único arrecife coralino vivo de Norteamérica.

Agregó que el sitio es además lugar de anidación de tortugas marinas y hábitat de 226 de las 891 especies de peces de Golfo de California, 154 especies de invertebrados marinos, así como lobos marinos, delfines y ballenas.

Resalto que se tienen antecedentes que la compañía inmobiliaria española ‘Hansa Urbana’ a través de su filial mexicana ‘Hansa Baja Investments’, obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autorización para la construcción y operación del proyecto turístico “Cabo Cortés” con infraestructura para tres mil 814 hectáreas de construcción en ‘Cabo Pulmo’, donde además pretenden edificar tres mil 655 cuartos de hotel, siete mil 816 casas, dos campos de golf, una marina con capacidad de 490 posiciones, un sistema de canales y lagos artificiales y una planta desalinizadora.

La también presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático señaló que desde 2008 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la organización ‘Defensa Ambiental del Noroeste’ presentaron recursos de revisión en contra de esa autorización, bajo el argumento de violación a los programas de ordenamiento ecológico y planes de desarrollo urbano, fragmentación del proyecto y de ecosistemas.

Sin embargo, aseguró que en marzo de 2011, la SEMARNAT obsequió una nueva autorización a la citada inmobiliaria para la construcción de ese complejo turístico, lo que despertó la inconformidad de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Agregó que el pasado 15 de junio de 2012 el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó cancelar toda autorización del proyecto ‘Cabo Cortés’, afirmando que la sustentabilidad de un área tan importante para la conservación del ambiente en nuestro país se encontraba en riesgo.

Comentó que ‘Cabo Pulmo’ es un caso muy inusual de una comunidad que elige por sí misma dejar de pescar y proteger un área, cuya recuperación en estos años ha sido un caso de éxito a nivel internacional.

Tras casi dos décadas de protección, esta comunidad es la protagonista de una historia muy distinta a lo que ocurre en otros sitios de la región: este ecosistema se ha recuperado y muestra hoy condiciones muy alejadas a otros sitios del Golfo de California, donde el deterioro es evidente.

La legisladora blanquiazul señaló que por estas razones México debe cumplir con las obligaciones internacionales que haya firmado en la materia, tal y como si se tratara de una legislación secundaria, además de ser un Estado Parte Contratante de la Convención de Humedales de Importancia Prioritaria Internacional (Ramsar).

Argumentó que todo nuevo desarrollo y crecimiento viene también acompañado de asentamientos irregulares que no son provistos de drenaje y recolección de basura, y el ejemplo más claro de esto se puede comprobar en el caso de Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

PILLOS DE ORIENTE

El diputado Fernando Zárate comentó que el proyecto de Cabo Dorado pretenden llevarlo a cabo y en esencia representa la misma afectación y el mismo daño potencial a esta área importante, natural protegida del país. Lo que cambia es el nombre del predio, no su ubicación. Lo que cambia es el nombre, el perfil y nacionalidad de los inversionistas extranjeros. Los anteriores fueron españoles, los actuales son chinos. “Por cierto, acusados de fraude en Australia, Nueva Guinea y en la comunidad Europea”.

Por cierto, dijo, en el Banco Mundial aparecen estos inversionistas como inelegibles para obtener cualquier tipo de crédito, “no creo que sea por lo puros y por el interés para los mexicanos”.

Cabo Dorado es casi una copia fiel de Cabo Cortés. Tal lo es, que la empresa desarrolladora tuvo que iniciar un juicio en contra de la resolución administrativa, derivada de la determinación del Presidente Calderón en cancelar el proyecto. “Por lo que nunca se debió haber dado entrada al proceso de una nueva evaluación de impacto ambiental. Sin embargo se hizo”, puntualizó.

Ahora se conoce que los mexicanos que impulsan los proyectos son ex funcionarios del sexenio de Fox y que el de las botas también tiene acciones en este negocio en ciernes. 

TENDRÁN QUE CAMBIARLO

Y si de negocios se trata, los de la familia Joaquín Codwell, no importa desde cuándo tiene sus empresas con contratos de Pemex, sino que no puede ser titular de la Secretaría de Energía, porque por sus funciones es al mismo tiempo Presidente del Consejo de Administración de PEMEX, siendo contratista de PEMEX.

Por esta razón afirmó la senadora Dolores Padierna y por lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los servidores públicos están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, cualquier forma en la atención, tramitación, resolución, en asuntos en los que tenga algún interés personal, familiar, o de negocios, incluyendo aquellos en los que pudiera resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o hasta por cuarto grado.

Esto señala la Auditoría: “el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, Presidente del Consejo de Administración de PEMEX participa en parte relacionadas, desde antes de su nombramiento, de la fecha 1º de diciembre de 2012 en el capital social de varias empresas, mismas que han firmado contratos de franquicias con PEMEX Refinación como compraventa de gasolina, compraventa de productos, prestación de servicios relacionados”, por lo tanto tiene conflicto de interés.

La existencia de estos negocios del titular de la Secretaría de Energía provoca un serio conflicto de interés, y constituyen una violación grave a la ley. La existencia de estos negocios no sólo abarca las franquicias de gasolinas, sino también el uso de información privilegiada del Estado en beneficio propio o de la familia del Secretario de Energía, les darán más contratos.

Comentarios a uliseshj@hotmail.com

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