San Lázaro - 10.02.14

 

* Más vale paso que dure que no trote y que canse: senadores

* Candidaturas comunes podrían ser aprobadas en el pleno

* Tratan de “penchynizar” dictamen energético en El Senado

 

Publicado: lunes 12 de mayo de 2014

Las candidaturas comunes y la sub o sobre representación son temas que en las leyes secundarias todavía no han podido ser acordada entre los senadores, para reglamentar la competencia electoral y política con justo equilibrio y darle certidumbre a los comicios en México.

Miguel Ángel Chico, Alejandro Encinas y Juan Carlos Romero Hicks, son algunos de los legisladores de los tres principales partidos que están en la mesa de negociación para darle salida a las leyes secundarias y poder convocar a un periodo extraordinario de sesiones donde puedan ser avalados el dictamen y los desacuerdos discutidos y aprobados en el pleno.

El tricolor no quiere las candidaturas comunes porque eso le ha llevado a perder posiciones en diversos estados, mientras que el PAN y PRD las apoyan como mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder a distintos cargos de representación popular al ser candidateado por diversos institutos políticos sin necesidad de que exista coalición alguna entre ellos, al sumarse los votos que obtenga en cada uno de ellos.

Concordar los votos obtenidos con la representación de los institutos políticos en cada uno de los congresos, ya que hasta ahora existe una sobre representación de algunos de ellos, mientras que los otros, pese a los sufragios a favor, no tienen la representación proporcional a los mismos.

Y muchos de los partidos paleros de ahora, llamados aliados de unos u otros, sobre todo los que ahora ocupan los lugares que tiempo atrás tenían el PPS y el PARM, tienen más legisladores que votos obtenidos en los comicios, o bien porque la forma en que se coaligan impide conocer cuál es en realidad la simpatía popular que tienen en las regiones del país.

El prorrateo en publicidad que sirvió para violar el tope de campaña en las elecciones pasadas, en otro tema a discusión.

Chico Herrera comentó que ya casi lo tienen superado con el diseño de una tabla que regule a quien corresponde la publicidad cuando se dan casos de campañas conjuntas de candidatos a diversos cargos de elección popular, se manera que se equilibre.

Empero, el financiamiento privado a las campañas es otro que deberán superar porque como “La Tuta” lo mencionó en un video, los grupos criminales mueven a sus candidatos como los hace la telebancada y otros sectores para tener representación en los poderes de la unión o en los tres niveles de gobierno.

De manera que deberá regularse o de plano prohibirse para que las campañas solo se hagan con recursos públicos que deberán fiscalizarse a fondo para evitar el mal uso de los mismos por los partidos políticos existentes.

Regular debidamente las funciones del Instituto Nacional Electoral, permitirá a este nuevo organismo terminar con el manejo caciquil de los institutos electorales locales por los gobernadores en turno, que hacen y deshacen a gusto con sus consejeros electorales.

Dar certidumbre jurídica a los procesos electorales será sin duda un paso adelante para que los mexicanos nos sintamos mejor representados por legisladores y ejecutivos de los tres niveles de gobierno, sobre todo permitiendo el voto de los mexicanos en el extranjero.

DELITOS ELECTORALES

La que está por aprobarse es la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien lave dinero, condicione el voto, coarte o coopte al electorado o pretenda manipular elecciones a su favor.

El documento forma parte de la legislación secundaria de la reforma político-electoral y se prevé que sea abordado durante el primer día del periodo extraordinario.

El dictamen establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación y los estados y tiene como finalidad proteger el desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular.

Indica que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que realice, destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos.

Esta pena aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Las personas que no sean funcionarios públicos o pertenezcan a un partido, serán sancionados con una pena de prisión de tres a seis meses y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente, cuando participen en la votación de manera activa sin cumplir con los requisitos de ley.

Asimismo cuando lleve a cabo proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral; obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales, entre otros aspectos.

Sobre los funcionarios electorales que hagan uso ilícito del registro federal electoral, del padrón electoral o de la lista de electores, se les impondrá una sanción de hasta doscientos días de multa y prisión de dos a seis años.

Destaca que recibirá la misma sanción quien siendo funcionario electoral obstruya el desarrollo de la jornada electoral, impida la entrega de materiales electorales, induzca al voto, instale o cierre una casilla sin observar los procedimientos legales o altere los resultados.

Respecto a los delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, señala que esto se hará acreedores de cien a doscientos días de multa y prisión de dos a seis años, si ejercen presión o inducen a los electores a votar o abstenerse de hacerlo por algún candidato, partido político o coalición.

De igual manera a quien realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral o sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.

También sanciona el condicionamiento de programas electorales con fines electorales, prevé que tratándose de servidores públicos que los utilicen, las penas se incrementarán hasta una tercera parte.

Precisa que de igual manera los senadores, diputados federales o locales asambleístas o presidentes municipales que hayan sido electos y que no se presenten, sin causa justificada, a desempeñar su cargo, serán sancionados por omisión, con la suspensión de sus derechos políticos electorales hasta por seis años.

PENCHYNIZAR DICTAMEN

Lo que si va a estar en chino son las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energéticas, ya que después de lo que ocurrió en las primeras, ahora es al presidente de la Comisión de Energía en El Senado, David Penchyna, a quien acusan de querer lozanonizar el dictamen energético, simulando un debate público con actores afines a la propuesta del gobierno, lo que ya ocurrió antes, y meter un dictamen propio como de las comisiones unidas que hasta ahora no han sido convocadas para analizar y en su caso dictaminar la reglamentación energética necesaria.

Comentarios a uliseshj@hotmail.com

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